Tras los eventos acontecidos a la empresa que provee de servicios digitales a Mercado Público y que fueron dados a conocer públicamente el pasado septiembre, se ha instalado la conversación, tanto a nivel de industria como en general, de abrirnos a la posibilidad de establecer y contar con un centro de datos estatal en nuestro país.

Dados los diversos factores existentes que deben ser tomados en cuenta antes de tomar una decisión de este tipo, desde la Mesa de Conectividad e Infraestructura de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI), hemos analizado el caso y consideramos que existen al menos una serie de consideraciones previas que deben ser escuchadas antes formar una postura frente a esta posibilidad, incluso desde el mero terreno de lo especulativo.

Hace tan solo unos años el Gobierno afirmaba que se debían impulsar las políticas y enfoques de Cloud First viéndolo como necesario, alineado con una regulación amistosa que permita el incorporar este tipo de tecnologías, lo que es contraproducente con la idea de un Data Center Estatal.

Luego, si decidimos avanzar, es necesario considerar y cuestionar si somos capaces de afrontar hoy los desafíos jurídicos, técnicos, operativos que están asociados con la implementación de un data center estatal especialmente cuando Chile ya es uno de los países con mayor cantidad de proveedores de servicios de nube disponibles ¿Contamos con lo necesario como para poder competir con lo existente? De ser afirmativa la respuestas, nos enfrentamos al segundo dilema, ¿contamos con los recursos económicos suficientes para solventar y mantener lo que un centro de datos estatal? ¿Tenemos los terrenos, el hardware, el software o el personal para sostenerlo en operación? No olvidemos que según datos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para mediados de 2022 en Chile existía un déficit anual de unos seis mil trabajadores del sector TI y otro detalle no menor, ¿el presupuesto para ello de qué áreas o sectores de la economía vendrá? Y de quedar obsoletas este tipo de tecnologías dada la velocidad con la que están avanzando, ¿tendremos cómo enfrentar ese gasto?

Nuestro punto de vista como actores preponderantes en las áreas de tecnologías de la información es que estos argumentos deben ser cuidadosamente considerados y se debe reflexionar con detención los pasos que ya ha desarrollado el Estado.

La viabilidad y conveniencia de un data center público en Chile deben evaluarse en el contexto de una estrategia integral que fomente la eficiencia y la adopción de tecnologías emergentes, alineándose con la dirección marcada por la Política Cloud First y las iniciativas actuales de Gobierno Digital, algo en lo que como gremio, estamos dispuestos a ayudar desde nuestras áreas de experticia de forma tal de ayudar a la construcción de una mejor sociedad con beneficios para todos sus componentes.

(*) Carmina Hernández: Directora de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI)