El 10 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La fecha coincide con la discusión del Proyecto de Presupuesto 2027, el que propone una caída real de 6,4% para el Ministerio de Ciencia, equivalente a unos $37.578 millones respecto de la base comparable de 2026. La cifra merece atención y abre una pregunta de fondo sobre lo que el país logra con los recursos que invierte.

Chile ha construido capacidades científicas valiosas, pero le sigue costando que ese conocimiento llegue a las empresas y se traduzca en productividad. Mientras ese eslabón siga débil, cualquier debate sobre montos quedará incompleto.

El informe del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) muestra que en 2011 el Estado invertía en ciencia el equivalente a 0,53% del PIB y que hoy esa cifra llega apenas a 0,35%. A esa caída se suma la dispersión de los recursos, ya que entre 2017 y 2026 solo el 4% se destinó a los desafíos estratégicos que definió la propia política pública.

El mismo estudio muestra un camino con potencial. Si el incentivo tributario a la I+D aportara en Chile lo que aporta en promedio en la OCDE, equivalente a 0,16% del PIB, el gasto total del país en investigación y desarrollo podría aumentar en torno a 50%. Atraer a las empresas a investigar es la forma más directa de acercar la ciencia y la tecnología a la economía, y desde la industria tecnológica estamos disponibles para asumir ese desafío.

El Proyecto de Presupuesto 2027 también trae señales positivas, como $412 millones para facilitar el acceso a cómputo en proyectos de I+D ligados a inteligencia artificial y nueve centros de investigación adicionales. En la misma línea, en 2025 Corfo y el Ministerio de Ciencia invirtieron US$14 millones en dos centros de supercómputo para IA, que triplicaron la capacidad nacional y fueron diseñados junto a universidades y empresas para atender a sectores productivos. Ese modelo de colaboración debería instalarse como norma en la política científica del país.

La situación fiscal obliga a tomar decisiones difíciles y a usar los recursos con criterio, y en contextos de estrechez lo razonable es destinarlos a donde generan más retorno para el país. La investigación aplicada y la transferencia tecnológica están entre esas apuestas. Si no fortalecemos la investigación, el talento especializado y la infraestructura que estas tecnologías exigen, Chile corre el riesgo de quedarse como usuario de soluciones desarrolladas en otros lugares, pese a contar con talento y empresas capaces de crearlas.

En este Día Mundial de la Ciencia, mi invitación es a que el Estado, las universidades y las empresas acordemos prioridades claras y mecanismos concretos de transferencia, como un incentivo tributario a la I+D más robusto y nuevos centros diseñados junto a los sectores productivos. La ciencia y la tecnología han demostrado lo que pueden aportar, ahora nos toca fortalecer el eslabón que falta para que ese aporte llegue a la economía.

(*) Luz María García: Gerente General de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI)