Chile atraviesa un proceso de transformación política social que ha llevado al país a un cambio profundo, reflejado en la redacción de la nueva constitución política. Si bien no ha sido un proceso exento de polémicas, a los ojos del mundo se ha visto como un ejemplo de innovación: comenzando por el principio de ser paritaria -algo totalmente inédito a nivel mundial- y donde también existe un principio de diversidad en formación de sus integrantes. Toda esta pluralidad y diversidad ha logrado proponer el primer borrador de lo que podría ser la nueva constitución de Chile.

Un punto que considero fundamental abordar, y que se incluye en el borrador de la nueva constitución, es que se plantea a la conectividad como derecho constitucional. Esto no solo se presenta como un derecho de conexión territorial, como se hablaba en la antigua Carta Fundamental, sino también abarca al aspecto de conectividad de datos.

En efecto, tener acceso a internet es clave para todas las actividades del día a día, ya sea para el trabajo o para el colegio, o para el desarrollo en general. Según el estudio “Brecha en el uso de internet: Desigualdad Digital” desarrollado por Fundación País Digital, la población urbana presenta buenos índices de uso de internet (81%), mientras las zonas rurales están más atrasadas, con un 58% de su población usando internet.

Sin embargo, además del acceso, también resulta fundamental el derecho a la privacidad, datos personales y metadatos. Si bien esto ya está regulado a través de leyes que definen los principios de uso de datos y no sería la novedad, Chile es uno de los primeros países en considerarlo parte de su constitución y definir principios base para la ley.

Otro artículo del borrador de la nueva constitución se refiere al uso de metadatos, documentación y comunicación privada, considerándola inviolable. Los metadatos se utilizan de maneras tan diversas como en la búsqueda y análisis de información, y en la identificación de documentos. Todos estos metadatos, al pasar a considerarse parte de la constitución, aseguraría su inviolabilidad y el deber de generar buenas prácticas también para las empresas.

Este borrador (que aún se encuentra en etapa de evaluación y le queda un largo proceso para ser aprobado o rechazado), nos entrega las bases para cuestionarnos las necesidad de un mundo que ya cambió, donde la tecnología y conectividad pasan a ser una preocupación a nivel de políticas de estado para Latinoamérica. Ese avance es importantísimo para que logremos, poco a poco, una economía digital más diversa, inclusiva y competitiva en nuestro continente, con mucho más oportunidades para las personas.

(*) María Francisca Martínez: B2B Product & Growth Marketing Manager de Laboratoria